Desde el Foro Social Urbano decidieron salir al cruce de las distintas declaraciones de funcionarios públicos, tanto municipales como provinciales, quienes intentaron deslindar distintas responsabilidades, luego de que algunas garrafas explotaran incendiando siete casillas y dejando en la calle a las familias. “Parece ser que en esta Provincia es un crimen ser pobre”, sostuvieron.
Silvia Paredes, referente de la organización, manifestó que las distintas áreas sociales “no están cumpliendo con su trabajo como deberían pero no pierden tiempo a la hora de responsabilizar a los padres por tratar de salvaguardar el único pedacito de tierra que les daba cobijo”. Además agregó que “lo único que se está visualizando” en torno al incendio es que “la xenofobia y la discriminación crecen cada día más y nadie resuelve la situación de las familias afectadas”.
“¿Qué significa que la mayoría de las 7 familias sean Bolivianas?”, preguntó Paredes y agregó: “Al parecer uno no tiene derecho a ser trabajadora y pobre en Ushuaia, como los son la amplia mayoría de las mujeres que están en situación de riesgo y que no son solo estas siete. Son miles de familias que han venido a Tierra del Fuego buscando una vida mejor para ellos y con lo único que se han encontrado es con un Estado indiferente que exige cumplir pero no da el ejemplo”.
La trabajadora social contó que el Bella Vista es un barrio ocupado desde el año 95 y en el que viven 45 familias, pero la Municipalidad de Ushuaia en el año 2000 decidió zonificarlo como Reserva Municipal. “Algunos dicen que es un espacio verde y otros que es una Reserva Histórica pero nadie habla de la Ordenanza 2715 que es un convenio con la empresa Tranex Turismo S.A, en donde se le adjudica por 99 años el derecho de paso de carácter exclusivo y excluyente para el Tren del Fin del Mundo, por un largo de 6.700 mts., desde la actual estación hasta Alem y 12 de Octubre”.
“Estas familias son las víctimas, no los victimarios. Son víctimas de la pobreza, son víctimas de la marginalidad a la que son empujadas, son víctimas de un sistema perverso que solo premia a los que más tienen y castiga a los pobres. Diversas leyes internacionales, nacionales y provinciales obligan al Estado, en todas sus jurisdicciones, a garantizar la vida digna de sus ciudadanos y, en particular, de los sectores Vulnerables, pero aquí solo se los margina cada vez más”, destacó la integrante de la CTA.
“El Estado es el primero en violar las leyes y la constitución violando derechos humanos indispensables de familias que han venido a hacer lo que la mayoría de la sociedad fueguina hizo alguna vez: buscar un futuro mejor”, puntualizó.
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