Demandan al municipio por medio millón de pesos

A costa del Estado

La pareja que construía su casa en un predio fiscal intrusado, a pesar de que poseían ingresos superiores a los 13.000 pesos mensuales, alquilaban una vivienda y eran adjudicatarios de otro predio, ahora demandan al municipio por 500.000 pesos en concepto de daño material y moral, ya que la comuna desarmó la construcción ilegal.
A principios del año pasado el municipio desarmó una vivienda de grandes dimensiones en la zona del río Pipo, construcción perteneciente a un médico y una docente de nuestra ciudad.
En principio, una presentación judicial de quienes llevaban a cabo la obra determinó que la justicia le ordenara al municipio detener el desarme. La apelación posterior de la comuna a la medida tuvo una respuesta favorable de la justicia y el desarme se pudo concluir.
Vale la pena recordar que en su momento el municipio informó que el hombre era médico del Hospital Regional Ushuaia y percibía una remuneración mensual de más de 10000 pesos, mientras que su esposa percibía unos 3000 pesos como docente del colegio Don Bosco.
Mientras levantaban la construcción en la zona del río Pipo, la docente alquilaba una vivienda en la calle Fuegia Basket y a la vez era beneficiaria de uno de los lotes del proyecto de urbanización denominado Los Alakalufes II, correspondiente al acuerdo que el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) tiene con el municipio.

La demanda

Mas allá que quedó demostrado que la pareja no puede incluirse en los alcances de la ley de emergencia habitacional y que el accionar del municipio se ajustó a derecho, ahora, ya que la ocupación ilegal no dio los frutos esperados, la búsqueda está orientada al resarcimiento económico.
Hace pocos días atrás el municipio fue notificado de la demanda presentada por Néstor Risoglio, médico del hospital regional y esposo de Isolda Manavella, la docente antes mencionada, en la que exige un resarcimiento de 500.000 pesos al municipio.
250.000 pesos corresponden a daño material, por las pérdidas de materiales en el desarme y por lo que supuestamente habrían abonado a otra persona por el lote fiscal que ocupaban. A ello deben sumarse otros 250.000 pesos en concepto de daño moral. Además, la intención inicial es la litigar sin gastos.