Perón tiene razón por Gonzalo Zamora

Hace unos poquitos días los medios masivos de comunicación informaban acerca de una protesta realizada por integrantes de los asentamientos irregulares; hecho que, al parecer, puso en peligro la realización de un evento que tenía a los jóvenes de Ushuaia como protagonistas. El motivo de la protesta estaba directamente vinculado con la intención del Municipio local de cobrar una multa a los “intrusos” y que, para lograrlo, debió apoyarse en “la gente” a través de una consulta popular.
Dos días más tarde los empresarios del turismo, junto con el Municipio y algunos Concejales, redactaron un documento repudiando la acción llevada adelante por los llamados “okupas”. Finalmente, en el día de hoy, hubo algunas declaraciones nuevamente en contra. El fundamento que más resuena, por parte de los sectores críticos a las medidas implementadas por los protestantes, es el de garantizar el derecho de todos los ciudadanos. Entonces hablemos de derechos.
En nuestro país existen una cantidad de tratados internacionales que tienen estándar supra legal, es decir que están por encima de cualquier ley y que poseen jerarquía constitucional (art. 75 inciso 22), o sea que tienen la misma validez que cualquier artículo de la Constitución Nacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño son algunos de los tratados a los que nuestro país adhiere y que, en distintos momentos, se refieren al derecho a la vivienda. Veamos solo uno de los ejemplos: el Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) sostiene que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. Al mismo tiempo, la interpretación de estos derechos debe analizarse con un principio denominado “de progresividad y no regresividad”, o sea que en el caso del Artículo 11 del PIDESC debe entenderse que “le está vedado al Estado adoptar políticas y medidas, y por ende, sancionar normas jurídicas o recurrir a vías de hecho, que empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que gozaba la población al momento de adoptado el tratado internacional respectivo, o bien en cada mejora “progresiva”. Dado que el Estado se obliga a mejorar la situación de estos derechos, simultáneamente asume la prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos vigentes o, en su caso, de derogar los derechos ya existentes”. En pocas palabras si una persona está jodida, el Estado no puede joderla aún más. Entonces rápidamente sale a la luz una pregunta que tarda aún menos en ser respondida: ¿A qué principio responde la iniciativa del Municipio? Seguramente que no lo hace al de progresividad.
Si es cierto que “se deben respetar los derechos de todos, no solo de una parte”, como sostuvo el empresario Angelo Querciali, entonces hemos de suponer que también se refiere a una justa distribución de la riqueza y que, por ende, ha realizado una autocrítica de la postura tomada por la cámara que representa en torno a la voluntad del Ejecutivo Provincial de aumentar ínfimamente los impuestos. Por otro lado, como yo también “quiero tener el derecho a informarme y debatir”, como sostuvo Guillermo Worman, le pregunto al Director de Participación Ciudadana qué diferencia existe entre cobrar una multa y cobrar un cargo porque la verdad no me queda claro. No se puede disfrazar la discriminación con una supuesta mejora en la calidad institucional.
La realidad es que somos parte de una sociedad desigual, en donde las autoridades políticas (léase en este caso el Ejecutivo Municipal) benefician sistemáticamente a los sectores concentrados de la riqueza en detrimento de los que menos tienen. Esa imagen de ciudad que Federico Sciurano tiene no existió nunca ni va a existir. Se olvida el Intendente que durante su infancia, entre juego y juego, había quienes tomaban hectáreas enteras y que, en gran parte, son quienes hoy se sientan en la pequeña mesa municipal. Entonces, para quienes se espantan de lo dicho por los habitantes de los asentamientos, bien vale recordar a Juan Perón cuando decía “la violencia de arriba genera la violencia de abajo”.